El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana va a destinar 45 millones de euros al impulso de alojamientos asequibles para la comunidad universitaria. El objetivo es ampliar la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador, facilitar la movilidad académica y reducir la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias.
Así, la ministra Isabel Rodríguez se ha reunido este lunes con el presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde López-Brea. El encuentro ha tenido lugar el mismo día en que el ministerio ha activado el trámite de audiencia pública del Real Decreto por el que se otorgaran las subvenciones a las entidades seleccionadas tras más de un año de conversaciones y trabajos previos.
Tomando en consideración las actuaciones que cuentan ya con propuesta concreta, se prevé la creación de 1.525 alojamientos universitarios en una primera fase. La cartera de proyectos presenta una amplia diversidad territorial, con actuaciones distribuidas en Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Comunidad Valenciana.
La distribución de los 45 millones sería la siguiente: 13.365.000 € para la Universidad Autónoma de Madrid; 8.197.200 € para la Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete); 6.504.300 € para la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla); 5.940.000 € para la Universidad de Burgos; 4.455.000 € para la Universitat Jaume I de Castelló; y 2.974.500 € para la Universidad de Jaén.
Las promociones deberán mantener su finalidad pública y unas condiciones de precio asequible, que serán fijadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en las correspondientes resoluciones o convenios, en las que también se concretarán las actuaciones y los plazos de ejecución. El precio máximo incluirá servicios como la electricidad, el agua y la conexión wifi, entre otros.
Estas ayudas directas se enmarcan en el protocolo interministerial firmado en octubre de 2024 para impulsar el alquiler asequible de vivienda universitaria, suscrito por los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, de Ciencia, Innovación y Universidades, y de Economía, Comercio y Empresa.
Su objetivo era la promoción de alojamientos universitarios en alquiler asequible, una medida que tiene encaje directo con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que también persigue fomentar la emancipación juvenil y aumentar la oferta de alojamientos asequibles mediante la movilización de suelo público o institucional en colaboración público-privada.
De este modo, el protocolo se configura como un instrumento sectorial que contribuye simultáneamente a los objetivos de acceso a la vivienda, igualdad de oportunidades en la educación superior, movilidad estudiantil y reducción de la presión sobre los mercados residenciales tensionados.








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