La escasez de oferta y el encarecimiento del alquiler están impulsando alternativas al arrendamiento residencial tradicional. Entre estas modalidades, la vivienda compartida lidera la demanda, con un 22,4% de media, seguida del alquiler de temporada (21,8 %) y del alquiler de habitaciones (16,4 %). Así se desprende del Barómetro Anual del Mercado del Alquiler 2026, elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG), a partir de las operaciones realizadas por las agencias inmobiliarias en el último año.
Otro cambio en el comportamiento de la demanda es el “éxodo inmobiliario”. De hecho, el 76 % de las agencias afirma haber detectado un desplazamiento de los inquilinos hacia municipios periféricos o alejados de las principales capitales y estima que este fenómeno afecta, de media, a cerca del 35% de las personas que quieren alquilar.
Con respecto al precio, el estudio muestra que la existencia de una brecha entre la capacidad de gasto y expectativas económicas de los inquilinos y los precios efectivos del mercado. El precio más demandado por quienes buscan alquilar se concentra entre 700 y 900 euros mensuales (35,7 %), seguido del tramo de 500 a 700 euros (31,2 %). Sin embargo, las operaciones cerradas se sitúan mayoritariamente entre 700 y 900 euros (35,5 %) y 900 y 1.100 euros (20,6 %).
En cuanto al perfil de los arrendatarios, las parejas concentran el grueso de la demanda de alquiler residencial. El 66,3% de las agencias identifica a las parejas sin hijos como el perfil más frecuente entre sus operaciones, seguidas de las parejas con hijos (56,8%). En tercer lugar, aparecen las personas que alquilan de forma individual (36,6%). Los grupos de amigos (14,6%), varias familias (12,7%) y las empresas (5,5%) representan perfiles menos habituales.
Por otra parte, el alquiler mantiene su principal función como primera residencia. Así lo afirma el 92,6 % de las agencias encuestadas, muy por encima de otros usos como los motivos profesionales (20,9 %), los pisos de estudiantes (16,5 %) o la segunda residencia (7,4 %).
Asimismo, la edad media ha pasado de 31,5 años hace cinco años a 36,2 años en la actualidad, un incremento del 14,9%. Actualmente, el 61,3 % de los arrendatarios se concentra en la franja de 30 a 40 años, mientras que hace cinco años cerca del 90 % se situaba entre los 20 y los 40 años, reflejando el retraso en el acceso al alquiler por parte de la población más joven.
En materia de seguridad jurídica, el 56,5% de las agencias afirma que la contratación de seguros y garantías de impago ha aumentado respecto al año anterior. Actualmente, estas garantías están presentes en el 65,9% de las operaciones de alquiler y el 41,6% de las agencias las incorpora en más del 90% de los contratos que gestiona. Del total de agencias encuestadas, el 76,4% cuenta actualmente con SEAG como proveedor de garantías de alquiler.
Respecto a la morosidad, el 52,7% de las agencias inmobiliarias declara haber registrado alguna incidencia de impago durante el último año, que afectó, de media, al 2,8% de las operaciones. El problema más frecuente fue el retraso en el pago de la renta mensual, señalado por el 43,2% de las agencias, frente al 14,7% que identifica el impago total como la incidencia más habitual.
Muchas familias ya no buscan vivienda donde quieren vivir, sino donde pueden permitírselo
En este contexto, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro, asegura que todos los indicadores evidencian que, cada vez, es más difícil acceder a una vivienda en alquiler, lo que obliga a muchas personas a retrasar su emancipación o a cambiar sus planes de vida a nivel personal o laboral.
Asimismo, señala que otro fenómeno que preocupa es el desplazamiento de la demanda hacia municipios periféricos. “Muchas familias ya no buscan vivienda donde quieren vivir, sino donde todavía pueden permitírselo, contribuyendo además a la congestión de los sistemas de transporte o vías de comunicación que no se han planificado para este fenómeno”, señala al respecto.
Ante esta situación, desde FAI insisten en que hay que alejar el debate sobre la vivienda de la confrontación política y abordarlo como una cuestión de Estado y de forma coordinada entre los diferentes niveles competenciales. “Es necesario analizar con rigor qué medidas están funcionando y cuáles no, porque los datos demuestran que los problemas de acceso a la vivienda persisten e incluso se agravan”, remarca Alfaro.
Los contratos de garantías de impagos: la respuesta del mercado ante la incertidumbre
Por su parte, Pedro Bretón, CEO de SEAG, hace hincapié en que “el aumento de la contratación de garantías de impago que refleja el barómetro confirma lo que vemos cada día en SEAG: la seguridad jurídica ha dejado de ser una opción y se ha convertido en un requisito básico para cualquier propietario que quiera alquilar con tranquilidad”.
Para Bretón, estos datos confirman una tendencia que la compañía lleva tiempo observando desde dentro del sector: “Cuando más de la mitad de las agencias detecta un aumento en la contratación de garantías y siete de cada diez ya trabajan con SEAG, lo que estamos viendo no es una moda pasajera, sino un cambio estructural en cómo se protege una operación de alquiler. El propietario ya no se pregunta si necesita una garantía, sino cuál le ofrece cobro puntual y respaldo jurídico real ante un impago”.
Bretón añade que el dato de la morosidad, concentrado sobre todo en retrasos y no en impagos totales, “demuestra que gestionar bien el riesgo no significa desconfiar del inquilino, sino dar tranquilidad a las dos partes del contrato”.
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