La semana pasada se celebró en el Colegio de Economistas de Madrid la jornada “En busca de soluciones al problema de la vivienda”, organizada por el Foro de Economistas Inmobiliarios, con una importante presencia institucional y profesional de representantes del sector, para abordar las cuestiones clave que impiden el acceso a la vivienda por una gran parte de la población, en el que sin duda es la preocupación más importante y urgente a resolver.
La apertura corrió a cargo del viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, quien destacó que el problema de la vivienda es estructural, resultado de una brecha persistente entre una demanda creciente y una oferta insuficiente, incapaz de responder al ritmo necesario, generando una presión inédita que obliga a abordar la vivienda como un reto demográfico, productivo y de planificación territorial.
Dio paso a la primera mesa de análisis, movilizando el suelo, en la que participaron la Directora General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Sara Aranda, quien afirmó que no falta suelo, falta suelo finalista, y aprovechó para presentar la futura ley LIDER y la Aceleradora urbanística, dos herramientas que contribuirán a facilitar la reconversión de suelos, acortar plazos y generar suelo finalista. La directora general de Vivienda, Arquitectura, O.T. y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo, puso de manifiesto que el problema de la vivienda no es exclusivo de las grandes áreas urbanas, su territorio se enfrenta a desafíos similares: escasez de suelo finalista, presión de precios en las capitales de provincia y recalcó la pérdida de competitividad salarial frente a otros territorios con mayor dinamismo económico. La presidenta de Asprima, Carolina Roca, destacó que el problema principal es la escasez de oferta y que el sector privado es imprescindible para solucionarlo. Aportó datos de su reciente informe LandCAM, que identifica suelo para 240.000 viviendas, que se eleva hasta las 360.000 si se considera el suelo que se encuentra en fases iniciales, cuya activación depende de la seguridad jurídica, la agilidad normativa y de incentivos a la inversión privada.
La segunda mesa estuvo dedicada a las actuaciones en materia de vivienda y rehabilitación. La directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio, se centró en exponer en profundidad en nuevo Plan de Choque por la vivienda para el período 2026-2027, explicando que la CAM combina medidas estructurales, como la nueva ley LIDER y la planificación del territorio, con respuestas inmediatas para contribuir a ampliar la oferta de vivienda asequible. La directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, Estefanía Martínez, expuso como la Generalitat está reconstruyendo casi desde cero su política pública de vivienda, tras más de diez años sin calificar una sola vivienda protegida, subrayando que el déficit estructural que sufre la comunidad es muy grave, por la presión turística, la inversión extranjera y la caída de los salarios. El decano del COAM, Sigfrido Herráez, reivindicó la importancia de la rehabilitación, recordando el convenio tripartito que tuvo lugar en 1996 entre la Administración Central-Comunidad de Madrid-Ayuntamiento de Madrid, que permitió recuperar barrios enteros, e insistió que el futuro pasa por la inyección de fondos públicos destinados a la vivienda, una vez hayan desaparecido los fondos europeos. Entre las medidas concretas, propuso la redensificación y la flexibilización de la normativa.
La tercera y última mesa estuvo dedicada al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, se mostró crítico con el PEV, al no haberse negociado previamente con las Comunidades Autónomas, rompiendo la lealtad institucional y la necesaria colaboración entre Administraciones. Describió un contexto muy difícil causado por la aprobación de la ley por el derecho a la vivienda en 2023, con efectos nefastos, especialmente para los jóvenes, y aportó un dato clave: la oferta de alquiler en Madrid ha caído un 80% debido a la inseguridad jurídica, la okupación y la inquiocupación. El director-gerente de APCEspaña, Alfredo Díaz-Araque, ofreció una visión muy positiva del PEV, destacando que aporta un mayor presupuesto para vivienda, destinando un 40% del total, 2.800 millones de euros, para incrementar la oferta, recupera las ayudas a la vivienda protegida, en venta y en alquiler, y dota incentivos para la industrialización de la vivienda. Segismundo Álvarez, presidente de la Fundación Hay Derecho, se mostró crítico con los controles de precios, que generan más desigualdad y reducen la oferta, y afirmó que el PEV confunde los problemas, puesto que la escasez de vivienda se concentra realmente en las grandes ciudades, según los propios datos internos de que dispone el Ministerio de Economía, aunque no se publiquen, tampoco son las viviendas desocupadas las causantes del problema, puesto que en las zonas tensionadas apenas alcanzan el 3%, por lo que las políticas que penalizan estas viviendas distorsionan el problema y se muestran ineficientes. Lo mismo se podría decir de la VUT.
En la clausura intervinieron el delegado de Urbanismo, M.A. y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, quien advirtió que la causa estructural del incremento del precio de la vivienda es la drástica caída de construcción de viviendas de obra nueva: 734.000 en el decenio 2010-2020, frente a 5,4 millones entre 2000-2010. A continuación expuso las medida municipales en marcha: nuevas normas urbanísticas para agilizar los procedimientos, desarrollo del Plan Estratégico Municipal, un nuevo paradigma urbano, el desbloqueo de los desarrollo paralizados entre 2015-2019, aplicación de la ley 3/2024 que permite el cambio de uso de oficina a vivienda, y la implementación del Plan Reside, que posibilita transformar dotacionales privados y suelos terciarios en vivienda asequible. Reivindicó el modelo madrileño como un modelo de éxito.
El cierre corrió a cargo del viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y O.T. de la Comunidad de Madrid, Rafael García, quien recorrió pormenorizadamente los cambios normativos introducidos, desde las leyes Omnibus, la ley de cambios de uso, la creación de los Planes Estratégicos Territoriales, junto a los municipales, hasta la ley LIDER, que simplificará la calificación del suelo, ayudará a reducir la litigiosidad, incorporará modelos de gestión urbanística y de gestión que permitirán la regeneración urbana con nuevos instrumentos financieros, y reforzará la autonomía municipal para ordenar usos y edificaciones.
La dirección y moderación de la jornada corrió a cargo del Presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo, colaborador habitual de esta revista, en la que publica mensualmente una Tribuna de opinión.
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