Para recuperar los niveles de producción de vivienda asequible de más de 75.000 viviendas anuales es necesario impulsar la colaboración público-privada así como llevar a cabo importantes cambios normativos que recorten plazos de ejecución y faciliten el acceso a la vivienda sobre todo a los más jóvenes.
Esta fue una de las principales conclusiones de la jornada que Asprima celebró Madrid, como continuación a su informe ‘El problema de la vivienda sí tiene solución’. El objetivo era analizar las distintas políticas de vivienda de los diferentes ayuntamientos a través de una mesa de debate, y poner en valor sus políticas en gestión de suelo, mejora de tiempos de licencias, impuestos municipales, etc. Jorge Ginés, director general de Asprima, puso en valor el modelo “que nos llevó a construir esos más de 3 millones de viviendas en el pasado”.

A continuación, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, dio la bienvenida y reafirmó que el problema de la vivienda sí tiene solución, poniendo el foco en la importancia de las cuestiones legislativas y la colaboración municipal en la gestión de la vivienda. “En este primer año de mandato, se han sentado las bases de un proyecto riguroso que busca incrementar significativamente la oferta de viviendas, evitando enfoques ideológicos y priorizando la colaboración público-privada”.

A continuación, David López, DG Economía y Estadística del Banco de España, ofreció una charla sobre el mercado de vivienda en España y aseguró que “presenta un dinamismo notable, en un contexto macroeconómico favorable y de endurecimiento monetario”. Según el análisis del Banco de España, las dificultades de compra de vivienda se concentran entre determinados colectivos y áreas, en un contexto en el que se dispone de un reducido parque de alquiler social –unas 300.000 viviendas–.

López enumeró una serie de recomendaciones de política económica que pasan por la evaluación del impacto de la políticas públicas ya desplegadas; la coordinación de las actuaciones entre las distintas administraciones; priorización del incremento de la oferta de vivienda residencial –especialmente en alquiler–; colaboración con la iniciativa privada e incremento de la participación del sector privado institucional en el mercado del alquiler; reforzar la seguridad jurídica y mejorar los procedimientos administrativos relacionados con las políticas de suelo y urbanismo, así como impulsar la rehabilitación de viviendas; y combinar el diseño de las políticas de vivienda con reformas estructurales, tributarias y mejoras en las políticas de transporte.
‘La vivienda sí tiene solución’ fue el título de la mesa redonda, moderada por Carolina Roca, presidenta de Asprima, con la participación de Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón; David Conde, alcalde de Valdemoro; Mar Nicolás, alcaldesa de Brunete; José María Ortega, coordinador general de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid; Miguel Ángel González, concejal delegado de Agenda Urbana, Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de la ciudad del Ayuntamiento de Alcorcón; y Jesús Montero, concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Alcobendas.

Las autoridades hablaron sobre el plazo de tramitación de licencias y el uso de la declaración responsable en la LPO. Todos los ayuntamientos comparten la problemática en la tramitación de licencias, con periodos inasumibles que pueden colapsar el desarrollo de una ciudad. Hay mucho margen de mejora y los ponentes coincidieron en la necesidad de impulsar la colaboración público-privada para ganar músculo y atender a los ciudadanos de la mejor manera posible.
Sobre nuevos desarrollos, los consistorios presentes repasaron los principales proyectos que están ya en marcha en cada una de sus localidades; así como el suelo que ceden a proyectos de colaboración público privada. En materia de nueva normativa, los ponentes analizaron la ley de usos de la Comunidad de Madrid para transformar activos de oficinas en residenciales así como la nueva ley de suelo. Todos coincidieron en alabar estas iniciativas que agilizan procesos y aportan una mayor seguridad jurídica.

Por su parte, Mariano Fuentes pronunció unas palabras sobre el método para mejorar los ordenanzas municipales en los ayuntamientos. El asesor expuso la importancia de la colaboración público-privada para mejorar la eficiencia en la tramitación de licencias urbanísticas.
En su discurso Fuentes abordó los retos y resistencias al cambio dentro de los cuerpos técnicos municipales, e hizo hincapié en la necesidad de una auditoría de procesos, digitalización de servicios y una reestructuración interna antes de modificar textos normativos. “Solo mediante una implicación decidida de todas las áreas del ayuntamiento y la participación activa de los técnicos municipales se pueden lograr cambios sustanciales en los procedimientos, reduciendo significativamente los tiempos de tramitación y los costes financieros asociados”, señaló.









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