SpainDC, la Asociación Española de Centros de Datos, rechaza el nuevo texto del real decreto para regular el sector remitido por el Gobierno al Consejo de Estado al considerar que conserva las principales exigencias del proyecto inicial que consideran inviables y añade nuevos riesgos para la operación, la seguridad jurídica y la inversión.
Para SpainDC, lejos de significar una relajación de las exigencias, el nuevo texto con el que se quiere regular introduce una alternativa la patronal considera especialmente grave. Los centros de datos que quieran acceder a una transición gradual antes de cumplir plenamente la exigencia del 80% renovable hora a hora deberán aceptar que el operador del sistema pueda provocar un apagón cuando lo requiera. El proyecto no establece límites claros sobre la frecuencia o duración de estos episodios ni ofrece a los operadores la previsibilidad que necesita cualquier infraestructura esencial.
“Se mantienen unas condiciones energéticas que consideramos extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón”, señala Emilio Díaz, presidente de SpainDC. “Para una industria cuya principal obligación frente a sus clientes es garantizar continuidad y disponibilidad, esto cambia el riesgo del proyecto, afecta a su financiación y acaba formando parte de la decisión sobre dónde se realiza una inversión”.
“Hay un señalamiento específico a los centros de datos que no aceptamos”, afirma Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC. “No entendemos por qué una industria concreta tiene que convertirse en la primera a la que se apague cuando el sistema eléctrico tenga un problema. Se nos pretende convertir en la válvula de escape de problemas de planificación, inversión o capacidad de la red que no hemos generado”, apunta la directiva.
La directiva de la asociación recuerda que “la transición no es una concesión sin contrapartidas”, añade Villacís. “La elección es entre cumplir desde el principio una obligación que consideramos inviable o aceptar el riesgo de apagón. Eso no es eliminar una barrera: es mantener una y crear otra peor”.
Medidas polémicas que permanecen
La patronal explica que el nuevo texto mantiene como régimen general la obligación de que al menos el 80% del consumo eléctrico de cada hora esté respaldado por generación renovable producida en esa misma hora “ignorando recomendaciones clave del informe de la CNMC, que recogía buena parte de las objeciones planteadas por el sector, como son la rigidez de esta correlación, el riesgo de sobredimensionar generación y almacenamiento y la ineficiencia de exigir nueva generación cuando el sistema ya dispone de excedentes renovables”.
Además, la asociación citica que el nuevo texto tampoco cambia uno de los elementos que más preocupa a las compañías con proyectos ya avanzados. Los que cuenten con permisos de acceso y conexión, pero todavía no estén conectados físicamente, dispondrán de sólo seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos. De no hacerlo, podrán perder sus permisos y garantías.
Diaz advierte de que “éste no es un debate sobre inversiones hipotéticas”, sino que “hay proyectos con años de desarrollo, suelo adquirido, contratos firmados y capital comprometido bajo unas reglas determinadas; cambiarlas ahora y añadir la posibilidad de perder permisos abre un escenario de litigiosidad y potenciales reclamaciones patrimoniales de enorme cuantía”.
Un régimen a medida de los proyectos del Gobierno
SpainDC considera especialmente revelador que el propio decreto establezca un régimen específico para determinados proyectos, entre ellos los vinculados y presentados por el Gobierno de España.
“La demostración más clara de que el propio Gobierno sabe que esta regulación es inviable en los términos en los que la plantea es que se autoexcluye cuando le toca aplicarla a los proyectos que él mismo quiere impulsar”, afirma Begoña Villacís. “Para sus proyectos introduce flexibilidad y un régimen específico; para el resto del mercado mantiene unas exigencias que considera asumibles.”
Y señala la incoherencia de flexibilizar ciertas condiciones exclusivamente para determinados desarrollos vinculados a propuestas públicas. “Esta diferenciación refuerza las dudas sobre la proporcionalidad del régimen general y sobre el trato que recibirán las inversiones privadas que compiten por desarrollar la misma infraestructura digital”, denuncia la patronal.
SpainDC activará las vías regulatorias y jurídicas
La asociación considera que la incorporación del Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) —el mecanismo al que el nuevo texto vincula la transición y que puede desembocar en un apagón— puede constituir una modificación sustancial respecto al proyecto sometido a audiencia y sobre el que se pronunció la CNMC.
“Si después del informe del regulador introduces una vía que puede terminar en un apagón y la conviertes en una pieza central del decreto, la CNMC debería poder pronunciarse sobre esa nueva realidad”, señala Villacís.
Por todas estas razones, SpainDC anuncia que presentará observaciones y alegaciones adicionales, trasladará sus objeciones al Consejo de Estado y reclamará que la CNMC vuelva a informar sobre el nuevo texto.
La asociación analizará también la cobertura jurídica de las nuevas obligaciones y promoverá la revisión del cumplimiento del procedimiento europeo TRIS, previsto en la Directiva (UE) 2015/1535, incluida la eventual notificación a la Comisión Europea si resulta jurídicamente exigible.
Para Begoña Villacís, “seguimos ante una regulación que mantiene requisitos que consideramos inviables, cambia las reglas para proyectos ya en marcha y ofrece como principal alternativa aceptar apagones. Esto no es ningún respiro”.
“Vamos a utilizar todas las vías institucionales, regulatorias y jurídicas a nuestro alcance”, defiende Emilio Díaz, que concluye que esta norma “es capaz de alterar inversiones comprometidas, afectar a permisos ya concedidos y cambiar la posición competitiva de España”.
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