La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado hoy, por 35 votos a favor y 34 en contra, el Real Decreto-ley 29/2026 que recoge las principales medidas impulsadas por el Gobierno en materia de vivienda, como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030; Sin embargo, tal y como se preveía, ha derogado, por 34 votos a favor y 35 en contra, el decreto que contemplaba la renovación automática de los alquileres y obligaba al propietario a indemnizar al inquilino si decidía romper el contrato.
De esta manera, el Ejecutivo ‘salva’ su paquete de medidas más amplio con los votos favorables del PSOE, Sumar, ERC, PNV y Podemos. Mientras que, el segundo texto, el más polémico y promovido por Sumar, no ha sido aprobado al contar con el voto en contra del PNV.
Entre las medidas que incluye el decreto aprobado, además, de la prohibición de los desahucios, se establecen prórrogas extraordinarias de hasta dos años en los contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan antes del 31 de diciembre de 2028; topes a las subidas de rentas, nueva regulación para alquileres temporales y por habitaciones, y deducciones fiscales para inquilinos y pequeños propietarios.
También incluye el mecanismo llamado ‘Tu Casa’, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y contempla préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda.
Además, se incorpora un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda por parte de proveedores sociales, al tiempo que endurece las condiciones para la compra especulativa de vivienda por parte de los denominados fondos ‘buitre’, ampliando su definición y prohibiendo que adquieran pisos por debajo del 70% de su valor de tasación hasta 2030 y fija que la Administración asuma los costes de los desahucios de vulnerables para no penalizar a los pequeños propietarios.
Por su parte, el Real Decreto-ley 28/2026, rechazado pretendía que los contratos de alquiler se prorrogaran de forma automática otros cinco años una vez superados los cinco primeros. Si el arrendador era una empresa, los plazos eran de siete años. Si el propietario quería romper el contrato, tenía que pagar al inquilino una indemnización equivalente a un año de alquiler.
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