Los arquitectos alertan del peligro de reactivar la economía a golpe de licencias urbanísticas exprés

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) advierten del riesgo que supone tratar de reactivar la economía tras el impacto del Covid-19,  relajando los controles urbanísticos por parte de las administraciones. Estos profesionales alertan que este tipo de medidas supondrá inseguridad jurídica y una amenaza para el patrimonio cultural y el medio ambiente”.

Ambos consejos expresan su preocupación “ante las iniciativas legales adoptadas por varias comunidades autónomas para reactivar la economía a costa de relajar los controles administrativos establecidos en sus respectivas leyes del suelo, advierten de que la generalización de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, como sustitutorias de las licencias en el ámbito de la edificación y el urbanismo” y lo hacen en un comunicado conjunto en el que avisan que estas modificaciones legales crearan inseguridad jurídica. “Además, quedarán gravemente afectados intereses generales tan transcendentes como la seguridad de las personas, el patrimonio cultural y el medio ambiente”, sostienen estos profesionales.

CSCAE y CGATE creen que sustituir las licencias en ámbito de la edificación y el urbanismo por declaraciones responsables provocará inseguridad jurídica

Problemas del control a posteriori

Advierten CSCAE y CGATE que “son las múltiples deficiencias en la regulación de estos instrumentos de control a posteriori” como que “el interesado, al no disponer de un acto administrativo o título habilitante que ampare su actuación, siempre está en la plena incertidumbre de que, como consecuencia de la comprobación o inspección de la Administración pública, la obra pueda ser demolida con las consecuencias que esto conlleva”, a los que hay que sumar que  “la normativa que entra en juego en el proceso edificatorio es tan compleja, diversa y heterogénea, que hace prácticamente imposible que los interesados puedan manifestar, con rigor y bajo su responsabilidad, que “cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente” para tener seguridad en su actuación.

Además, recalcan que “hay un desconocimiento absoluto de la documentación, incluso mínima, que es necesario aportar porque el artículo 69 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común no lo concreta, que “tampoco se fija ningún plazo concreto para la inspección y comprobación por parte de la Administración pública”.

Inseguridad de todas las partes

Los arquitectos y arquitectos técnicos explican que las deficiencias del sistema de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, amenaza la seguridad jurídica de los distintos agentes que intervienen en el proceso está amenazada: quien presenta la declaración responsable, los profesionales proyectistas que firman el proyecto, los usuarios de las edificaciones y las administraciones públicas.

Avisan que las deficiencias de los controles a posteriori pueden perjudicar a constructores, arquitectos, compradores y administraciones

En el caso del que presenta la declaración responsable sostienen que “debido a las dificultades para interpretar una normativa compleja, diversa y profusa y puesto que no existe acto administrativo alguno, ni título habilitante para la ejecución de las obras o actos edificatorios, la situación jurídica de los interesados es, en gran medida, precaria y de indefensión”. Y subrayan que “su actuación queda en una especie de suspensión condicional indefinida, a merced de las facultades de inspección y control de la Administración pública, para la que no hay un límite temporal claramente establecido.”

“Para los técnicos proyectistas, la inseguridad jurídica y el aumento de la responsabilidad es evidente”, según estos colectivos. Recuerdan que con este sistema la Administración local no efectúa una comprobación previa del proyecto técnico y de su corrección e integridad, como sucede en el procedimiento de licencias urbanísticas, por lo que “la responsabilidad que se derive de la incorrección de un proyecto técnico corresponde íntegramente al proyectista.”

La nueva normativa que se quiere imponer para paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus también puede suponer un peligro para los usuarios de las edificaciones que, en opinión de estos profesionales, “quedan a merced de las consecuencias que resulten de una actuación municipal de inspección que puede producirse mucho tiempo después de que se hayan ejecutado las obras o las actuaciones edificatorias correspondientes.

Demoler construcciones

“Esto se agrava en aquellas legislaciones autonómicas que han ampliado el objeto de las declaraciones responsables, de manera que pueden producirse situaciones que, tras la oportuna inspección municipal, impliquen incluso tener que demoler construcciones o algunas partes, si se declaran ilegales”.

Por último, los arquitectos y arquitectos técnicos también previenen de la inseguridad jurídica que produce este sistema a las propias Administraciones públicas, puesto que no existe un procedimiento reglado y ordenado, como sí ocurre en el sistema de licencias urbanísticas, por lo que “se incrementan sus riesgos y también sus eventuales responsabilidades legales”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.