El Gobierno quiere que el sector privado colabore en su plan de vivienda de alquiler
La intención del Gobierno es dar un nuevo rumbo a las políticas de vivienda, abandonando el enfoque hacia las casas de protección oficial para lograr tanto viviendas sin protección pero asequibles, como un parque público de pisos de alquiler social.
El secretario de Estado de Infraestructuras del ministerio de Fomento, Pedro Saura, avanzó recientemente que las medidas del Gobierno sobre vivienda se reformularán y se incluirán bien en el proyecto de ley que preparan o bien en enmiendas a la Ley de Presupuestos para 2019 cuando se tramite.
Y ello, pese a que la reciente derogación del decreto sobre vivienda y alquiler que el Gobierno pretendía impulsar, y su aplicación durante algo más de un mes, que ha generado una disfuncionalidad más del mercado al coexistir contratos firmados al calor del decreto con los antiguos, pone de relieve la fragilidad del Ejecutivo y la falta de consenso que existe entre los representantes políticos a la hora de decidir cómo legislar en materia de arrendamientos.
Actualmente, el 2,5% de las viviendas en España son de alquiler social y el objetivo “a medio plazo” del Gobierno es llegar al 8%
Una decisión que ha causado reacciones como la del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que pide estabilidad, equilibrio y seguridad jurídica en materia de vivienda y alquiler. El presidente de la entidad, Diego Galiano, advertía que la situación creada ha generado una gran inseguridad jurídica entre profesionales inmobiliarios y ciudadanos.
En una jornada sobre vivienda organizada por la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) en la sede de la CEOE, Saura lamentó ante los empresarios que varias iniciativas para mejorar el mercado inmobiliario residencial hayan dejado de tener efecto legislativo por “los extremos” políticos, “juntos” contra la acción del Gobierno.
Para incrementar el parque público el Gobierno ha creado el Plan 20.000, con el que pretende que ese número de viviendas se incorporen como viviendas públicas sociales de alquiler en un plazo de seis años. Se ha incrementado la partida para vivienda un 43% hasta 650 millones de euros en el proyecto de ley presupuestaria para 2019, que incluye 140 millones para ese parque de vivienda social (en colaboración con Sepes) y 70 millones más de lo designado por el Gobierno anterior para el Plan Estatal de Vivienda plurianual en su apartado para 2019.
Solo el 2,5% de las viviendas en España son ahora de alquiler social y el objetivo “a medio plazo” del Gobierno es llegar al 8%. Otro objetivo es reducir del 42% al 29% (media europea) el porcentaje de hogares que destina más del 40% de su renta familiar mensual a la vivienda.
La Administración facilitará suelo al sector privado, a través de acuerdos de derecho de superficie o de concesión, con el fin de que sean las empresas las que realicen la promoción de vivienda
Por su parte, la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, también presente en la jornada, explicó que la Administración facilitará suelo al sector privado, a través de acuerdos de derecho de superficie o de concesión, con el fin de que sean las empresas las que realicen la promoción de vivienda y la gestionen durante un período de tiempo determinado y en las condiciones que establezca el propio Gobierno.
“El plan no se ejecuta con el Presupuesto en un año ni que el Estado se dedique a hacer la vivienda hasta el final. O ayudará a aquellos que la estén haciendo o bien poner suelo a disposición del sector privado, con el que colaboraremos”, ha dicho.
Suelo de Sepes para vivienda
Para poner a disposición este suelo, Beunza incidió en el papel que deberá jugar la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), propietaria de “grandes bolsas de suelo”, en algunos casos “abandonadas” en territorios como Ibiza, Málaga, Sevilla o Valencia, “zonas altamente saturadas” que la responsable de Vivienda ha llamado a “gestionar de forma eficiente a través del sector público empresarial”.
Durante su intervención inicial, Beunza había lamentado que esta empresa pública “prácticamente había abandonado la promoción de vivienda, no por falta de suelo”, sino por dedicarse a otros ámbitos. Por ello, ha asegurado que una “parte importante” de este suelo se urbanizará a la “máxima celeridad” para poder disponer de él, una vez Fomento concluya su trabajo para analizar el parque de vivienda de alquiler y de suelo disponible.
Carolina Roca, vicepresidenta de Asprima, destacó en su intervención el escaso número de viviendas protegidas (3.350 unidades) que se han puesto en el mercado en 2018 en toda España.
“Este mal dato –explica la vicepresidenta de Asprima– contrasta con la efectividad de las políticas de vivienda vigentes desde hace 30 años durante los cuales salieron al mercado una media de 75.000 viviendas protegidas al año, lo que supuso y supone una estabilización social del acceso de la vivienda”.
Para conseguir retomar esta favorable tendencia del pasado “es necesario diseñar una política de vivienda efectiva capaz de ofrecer a la sociedad viviendas con precios o rentas asequibles”.
Agilización de licencias
Saura también informó de que, al margen de la futura ley de vivienda, el Gobierno prepara otro proyecto de ley relacionado con la agilización de licencias administrativas para la construcción residencial.
Con esa ley tratarán de evitar “los problemas que se generan en los planes de ordenación urbana” y para su redacción Fomento está en contacto ya con otros ministerios implicados y con arquitectos y otros agentes del sector inmobiliario, así como los miembros de la APCE.
El presidente, Juan Antonio Gómez-Pintado, hizo hincapié en la falta de agilidad de los procesos administrativos para las licencias de construcción y e instó a la digitalización de todo el procedimiento en todos los ayuntamientos, como ha hecho con éxito el de Rivas Vaciamadrid.
