¿Es posible otro urbanismo?

Por Julián Salcedo Gómez, socio fundador y CEO de Cefyre.-

Recientemente he participado en un seminario organizado por Cefyre (Consultoría, Estrategia, Formación y Real Estate), impartido en el Colegio de Economistas de Madrid, bajo el título “El Urbanismo que viene en la Comunidad de Madrid”. El seminario se ha centrado en la exposición y análisis del Anteproyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid, en fase de redacción del Proyecto de Ley, que iniciará su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid en breve.

Con motivo de mi intervención en el mismo, he tenido ocasión de reflexionar, una vez más, acerca de esta importante disciplina, el urbanismo, cuyo impacto en el funcionamiento y mercado de suelo resulta determinante para el desarrollo de viviendas y otros productos inmobiliarios y, en consecuencia, para el futuro de las ciudades.

El urbanismo del siglo XXI ya no puede ser entendido solamente como una materia que se ocupa del estudio, planificación, ordenación y desarrollo del territorio y de las ciudades, con la única finalidad de organizar y ordenar los espacios y la concentración y distribución de la población en las ciudades.

Hoy no puede estudiarse ni regularse el urbanismo aislado de otras disciplinas, como son la economía, la sociología, la geografía, y tantas otras, porque es un tema de interés común, como lo es el hecho de que el urbanismo tiene que ser sostenible, garantizando una utilización racional de los recursos con criterios de eficiencia, con respeto al medio ambiente, facilitando la movilidad y la accesibilidad universal, que favorezca la calidad de vida de los habitantes y contribuyendo al progreso económico y social, así como al desarrollo integral de la persona.

El reto

El reto pues, consiste en desarrollar modelos de ciudad que, además de acoger a todos los que acudan a ella (el crecimiento de las ciudades constituye un fenómeno imparable e irreversible en todos los países, que se ha ido acentuando desde mediados del siglo pasado; informes recientes estiman que en el año 2050 dos terceras partes de la población mundial vivirá en entornos urbanos y en algunas zonas, como Latinoamérica, la población urbana ya asciende al 80%), les procure unas condiciones suficientes para vivir en armonía, lo que no solo significa disponer de una vivienda digna y asequible, sino también de todos los servicios que la población necesita (sistemas de transporte públicos adecuados al tamaño y distribución física de la ciudad, espacios verdes urbanos, zonas deportivas, recreativas y culturales), que favorezcan la inclusión social y el mantenimiento de la salud, fomentando el respeto por el medio ambiente y la urbanidad, teniendo en cuenta la diversidad de culturas que conviven en las ciudades, cada vez más multiculturales y cosmopolitas.

La planificación de las ciudades no puede llevarse a cabo sin tener en cuenta criterios técnicos, económicos, sociales, culturales, políticos, jurídicos y ambientales, en el marco de un desarrollo sostenible. Desarrollo que se asienta en tres pilares: económico, social y ambiental, requiriendo viabilidad en los tres. Y también eficiencia, energética y económica, racionalidad y equilibrio.

La planificación urbanística debe empezar por ser de carácter estratégico, por tanto a largo plazo, 15, 20 o más años, a la vez que dotada de la flexibilidad y agilidad suficientes para ir acomodándose a los cambios cada vez más rápidos que se producen en el entorno y en las costumbres, sin necesidad de tener que sustituir la legislación anterior por otra completamente nueva, lo que supone un tiempo demasiado largo que probablemente devendrá en una oportunidad perdida. Y con un coste en términos económicos y sociales demasiado elevado.

Lo que se necesita es contar con un marco adecuado, un Plan Maestro o Master Plan que incluya todo el territorio y dirija de forma coordinada todas las actuaciones que se vayan a llevar a cabo en los próximos años, que cuente con reglas claras y sencillas, sin dar lugar a excepciones e improvisaciones, por lo general adoptadas con discrecionalidad, que generan inseguridad jurídica y desincentivan las inversiones.

Y contemplando la posibilidad de suscribir acuerdos privados entre partes, en tanto en cuanto no produzcan distorsiones significativas, evitando la especulación y las actuaciones improductivas que conllevan enriquecimiento injusto.

Esto solo puede conseguirse mediante la participación en su elaboración de equipos multidisciplinares, con formación y experiencia contrastadas, cada uno en su respectiva área de actuación. Y, de la misma forma, los responsables de las administraciones públicas correspondientes deberían configurar órganos de consulta y asesoramiento (Observatorios, Paneles) conformados por profesionales y académicos de las citadas disciplinas, así como por colegios profesionales e instituciones, organizaciones empresariales y sociales, y otros colectivos representativos de la sociedad civil, para recibir los oportunos inputs a la hora de elaborar la legislación en materia de planeamiento y desarrollo urbanístico, puesto que va a condicionar decisivamente la vida de todos, de la población actual y de la futura que habite en las ciudades.