El sector inmobiliario catalán avisa de que intervenir el alquiler agravará el acceso a la vivienda

El sector inmobiliario de Cataluña rechaza la intervención de los precios del alquiler que ha anunciado que el Gobierno, al considerar que estas “medidas coercitivas” dificultarán el acceso a la vivienda a los “sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad”.

Esta es la advertencia que hacen en un comunicado conjunto la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província, la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE), la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida y el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), en el que expresan su preocupación por los planes del Ejecutivo.

Desde el sector recuerdan que “el derecho a una vivienda debe ser garantizado por la administración pública con la implicación y colaboración del sector privado”, y se quejan de que con las medidas que ha anunciado el gobierno “el sector público está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social”. Además de considerarlas “contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución”.

“La inexistencia de un parque público de alquiler es responsabilidad de las administraciones públicas y no de los propietarios privados” denuncian. Al tiempo que reclaman buscar el justo equilibrio entre la protección del inquilino y la defensa legítima de los intereses de los propietarios”

En opinión del sector inmobiliario catalán lo que se necesita es “adoptar medidas que actúen directamente contra el origen del aumento del precio de renta de la vivienda, que no es otro que la escasez de oferta: no hay vivienda suficiente para abastecer la demanda”.

Construir vivienda social

¿Y qué es lo que proponen estos colectivos?. Creen que el sector público debería adoptar, “por un lado, medidas que incentiven la construcción de un parque de vivienda social o de renta limitada suficiente y estable en el tiempo mediante estímulos fiscales de todo tipo (bonificaciones, subvenciones, etc.), no con medidas restrictivas de la libertad de mercado ni penalizadoras”.

Promotores, cámara de propiedad, administradores y agentes inmobiliarios catalanes auguran mayor escasez de viviendas

Y, por otro lado, “incentivar el arrendamiento de vivienda dotando al arrendador particular de los mecanismos necesarios para proporcionarle seguridad jurídica y estabilidad en la relación arrendaticia, sin que por ello se vea sometido al sostenimiento unilateral de unas cargas desproporcionadas que no le corresponden”.

Los promotores y agentes inmobiliarios catalanes alertan que “se corre el riesgo de volver a aquellos tiempos en los que, la larga duración del arrendamiento y la imposibilidad de actualizar la renta o su actualización conforme a un IPC que no reflejaba la realidad, llevaron a una reducción y deterioro más que constatable del parque de viviendas en alquiler”.

Asimismo, hacen notar que Europa ha dado muestras más que suficientes de que el control de los precios del alquiler no es la medida adecuada.” Si bien en un primer momento puede dar la sensación de que efectivamente el precio de la renta está bajo control, lo cierto es que el transcurso del tiempo comporta la aparición de problemas de índole diversa que inciden negativamente y provocan una disminución de la oferta, como por ejemplo puedan ser los que afectan a la calidad de la oferta, y el mantenimiento de las viviendas y de sus servicios”.

Impacto en la economía doméstica

En el comunicado, también se advierte del efecto que producirá esta medida para los propietarios particulares. Se indica que “según datos del INCASÒL, de los 107.712 propietarios privados del parque de alquiler en Barcelona, el 96% (103.410) poseen entre 1 y 5 viviendas”.

Y se hace notar que “una franja importante de pequeños tenedores que utilizan el alquiler para complementar sus ingresos o su pensión de jubilación, entre otros” por lo que estiman que la” limitación del precio del alquiler no sólo tendrá un impacto directo en su economía doméstica, sino que provocará que en muchos casos decidan retirar su patrimonio familiar del alquiler para pasarlo a la venta o a otras alternativas ajenas al alquiler residencial”.

También advierten de los problemas que la intervención del mercado del alquiler provocará a los “grandes tenedores” (los que tienen más de 15 viviendas, según la nueva definición del Decreto 17/2019, de 23 de diciembre, aprobado en Cataluña).

Avisan que “además de las dificultades para recuperar las viviendas por finalización del plazo contractual o por impago de la renta y la obligación de ofrecerlas en alquiler social a su inquilino (ocupante legítimo o ilegítimo),” estos propietarios “deberán hacer frente a una limitación en la renta que podría hacer inviable el sostenimiento de la actividad, provocando la retirada del mercado de alquiler de sus inmuebles y haciendo ineficientes las escasas medidas de fomento de alquiler que se venían promoviendo anteriormente por el Estado”.

Y concluyen que todo ello “producirá una mayor escasez de viviendas y un deterioro del parque inmobiliario, lo que agravará más aún si cabe la situación”.

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