El Constitucional sentencia que el decreto de vivienda del Govern catalán limita el derecho a la propiedad

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la normativa de vivienda que el Govern aprobó en 2019, al entender que limita el derecho de propiedad y prevé medidas «coactivas, no voluntarias», para los dueños de pisos que no pueden imponerse mediante un Decreto Ley. En su sentencia, el Constitucional expone los motivos por los que la semana pasada decidió anular por inconstitucional varios preceptos del decreto ley, incluido el que obligaba a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.

El tribunal considera que los preceptos anulados «regulan medidas coactivas, no voluntarias, limitativas del derecho de propiedad», que «constriñen estrechamente» a los dueños de viviendas mediante órdenes o deberes normativos «que se ponen bajo la inspección y vigilancia de la administración». La sentencia declara inconstitucional ese tipo de regulación puesto que, a su parecer, supone una «imposición directa de deberes concretos a los propietarios con vocación de generalidad, estableciendo un régimen general de este derecho, algo vedado a los decretos-leyes».

Para los magistrados, no puede considerarse que esas normas sean meramente «instrumentales para la política de vivienda» de Cataluña porque dan lugar a «reacciones exorbitantes», como requerimientos para su cumplimiento, ejecuciones mediante multas coercitivas, sanciones y expropiación de la propiedad en cuestión.

La sentencia sostiene que los artículos impugnados van «más allá de delimitar un concreto sistema urbanístico o política de vivienda», lo que sí estaría permitido de acuerdo con la doctrina, y de establecer medidas de fomento de la vivienda asequible, al entrar a regular el derecho de propiedad privada y la función social de la misma.

Índice de referencia de precios del alquiler

Por el contrario, la sentencia sí avala los preceptos del decreto-ley que obligan a incluir en los contratos de arrendamiento el índice de referencia de precios de alquiler que en su momento establezca la Generalitat. El TC considera que estas medidas tienen como objetivo «la obtención de información por las administraciones públicas que les permita conocer el estado y evolución del mercado del alquiler y, a partir de esa información, diseñar políticas de vivienda».

«No puede negarse la posible influencia de estos índices como criterios orientadores que puedan contribuir a ordenar el mercado de la vivienda», añade el Constitucional, que, sin embargo, reconoce que ello no afecta a la libertad de las partes para estipular un precio superior o inferior.

Tampoco anula el constitucional los artículos del decreto-ley que obligan a reservar a vivienda social parte del suelo de las promociones inmobiliarias, dado que el propietario o empresario no tiene derecho a vetar su uso, sin perjuicio de la «eventual indemnización» que pueda corresponderle a consecuencia de esa imposición.

Asimismo, la sentencia da por bueno el registro de pisos vacíos previsto en el decreto ley de vivienda, dado que su creación está amparada tanto por artículos de la Constitución como del Estatut de Autonomía.

Asval celebra la sentencia

La asociación de propietarios Asval celebra esta resolución del Tribunal Constitucional, dictada por unanimidad de todos sus miembros, ya que «establece de manera rotunda el carácter fundamental del Derecho a la Propiedad Privada que consagra el artículo 33 de la Constitución Española», y consideran que la sentencia tendrá una «consecuencia fundamental en su aplicación al resto de Reales Decretos-ley aprobados sobre vivienda durante la pandemia por parte del Gobierno central, aunque hayan sido posteriormente convalidados por el Congreso».

Asimismo, consideran que la sentencia supone «un serio varapalo al actual amparo de la ocupación ilegal en Cataluña, que está suponiendo serios estragos para los propietarios, comunidades de vecinos, barrios y fuerzas de orden público».

La asociación destaca que esta sentencia «rechaza de manera implícita el control de precios del alquiler impuesto por el Gobierno catalán, añadiendo que cualquier índice de precios ha de ser considerado informativo dejando incólume la libertad de las partes para fijar la renta del arrendamiento, subrayan desde Asval.

Los propietarios también ven reseñable la referencia del Alto Tribunal al derecho indemnizatorio que mantienen los propietarios en el caso de aquellos aspectos no invalidados por la sentencia, pero que pueden causarles menoscabo económico. «De esta forma, se sienta un precedente de cara a las reclamaciones patrimoniales que puedan derivarse fruto del intervencionismo actual del Gobierno en materia de vivienda», apuntan.

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