El CGPJ avisa sobre la falta de concreción de las reglas para intervenir los alquileres de la futura ley de vivienda

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda avala la constitucionalidad de la norma al considerar que “el diseño contenido en el anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución”.  Sin embargo,  advierte que algunos de sus contenidos son “inconcretos” e “imprecisos, lo que a su juicio “tendrá una incidencia en la carga de trabajo de los tribunales, ya de por sí elevada”.

Así lo ha puesto de manifiesto el CGPJ en una nota remitida a los medios en su web en la que informa que dicho informe elaborado por el vocal Álvaro Cuesta, se discutirá en un pleno del órgano de gobierno de los jueces este viernes, y en la que se explica que dicha ponencia ha sido ya repartida al resto de los vocales para que, si lo estiman oportuno, formulen sus observaciones antes del debate en el Pleno.

El Poder Judicial ve compatible el control de los precios con el derecho a la propiedad que establece la Constitución, pero advierte que la falta de claridad aumentará los litigios en los tribunales

En el informe elaborado por Cuesta, que se debatirá el próximo día 14, se asegura que la falta de concreción de la norma “se aprecia especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas». «En ese punto, el prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento». Esta solución, advierte la propuesta de dictamen, «tendrá una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada”.

La propuesta de informe alerta también de la inconcreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, lo que dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar. «Como ejemplo de ello, y sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia, señala la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero o en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda».

También echa de menos que el anteproyecto especifique los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda». «Pese a su carácter básico, señala la propuesta de informe, el anteproyecto requiere un mayor grado de claridad, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado y respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho».

Sugiere establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas para evaluar su incidencia tanto en el mercado de alquiler como desde el punto de vista social y económico

Asimismo, el borrador de informe echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios de alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas. Se sugiere, por ello, la conveniencia de establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico.

Recordando la propuesta del informe que «el hecho de que estas medidas de contención de los precios estén dirigidas a los alquileres en las zonas de mercado residencial tensionado –declaración cuya vigencia es de tres años, prorrogables-, no conlleva por sí mismo un análisis empírico del resultado de su aplicación».

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