El cambio político en España solo trae más retrasos urbanísticos

Ni política social de vivienda, ni planificación urbanística sensata, ni valentía para enfrentarse judicialmente a los dispendios del ladrillo. Las nuevas alcadías, sobre todo las de Madrid y Barcelona, sólo están acarreando mayores retrasos en la gestión urbanística, pero no paralizaciones que requerirían un desembolso económico imposible hoy para las arcas municipales.

Una reciente reunión de los responsables municipales de la nueva Área de Desarrollo Urbano Sostenible, que dirige José Manuel Calvo, con miembros de la asociación Madrid Ciudad y Patrimonio (MCyP), de la que forman parte urbanistas, sociólogos y arquitectos, sirvió para certificar esta impresión. Desde la Asociación explicaron que «en conjunto, los representantes municipales admitieron estar en un 99% de acuerdo con los planteamientos y objetivos de MCyP, aunque pretextaron innumerables dificultades administrativas, legales y económicas para poder asumirlos». Y esto, unas semanas después de situarse al frente de la concejalía. Hay que recordar frases como esta: «La Operación Campamento se quiere perpetrar frente al interés general», dicha antes de ser concejal.

En este caso, podría ser la única actuación, al no haber habido todavía transacción económica por los terrenos, que pudiera ser susceptible de que, de acometerse, se hiciera bajo las premisas que proponen los nuevos responsables municipales de recuperar la intervención directa en la planificación y en la gestión del suelo. De haber mantenido el PP la alcaldía, el interés del empresario chino Wang Jianlin por estos terrenos, propiedad del Ministerio de Defensa, hubiera acabado acelerando la operación.

Pero la realidad manda, y en la cabeza de los dirigentes de Podemos empieza a figurar el dato de las cuantiosas indemnizaciones económicas que el Ayuntamiento de Madrid debería estar dispuesto a desembolsar caso de que, tras los litigios que se derivarían al resolver contratos o concesiones, los tribunales dieran la razón a los recurrentes.

Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, también hace gala del refrán “Donde dije digo, digo Diego”. El Ayuntamiento de Barcelona abrió a finales de julio la veda a las excepciones a la moratoria hotelera en vigor desde julio al dar luz verde al proyecto de un hotel de gran lujo en la Torre Agbar. Emin Capital, propietario del inmueble, anunció en un comunicado que el Consistorio le había notificado que podría “presentar y tramitar” el proyecto. Esa “excepción”, explicó el fondo de inversión, se debe a que había solicitado un certificado urbanístico que le da derecho a la licencia antes de que se publicara la suspensión de licencias. El Consistorio negó cualquier “trato de favor” ni “excepción”.

La moratoria aprobada por el Ayuntamiento suspendía todas las licencias, también las 28 que en ese momento estaban en trámite. Entre esas no estaba la Torre Agbar. En una entrevista en el diario Ara, la cuarta teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, afirmó: “El propietario de la Torre Agbar no había entrado ni la solicitud de la licencia. No sé qué excepción quiere que hagamos con una propuesta que ni estaba registrada. Este gobierno no funciona a base de excepcionalidades y, si hay, las tendremos que decidir entre todos. No haremos excepcionalidades a la carta como algunos pretenden”.

Sin embargo, fuentes conocedoras de la operación explican que los propietarios de la Torre Agbar tenían varios informes, entre ellos uno del despacho Cuatrecasas, que señalaban que podía reclamar que se tramitara la licencia. Ello se debe a que Emin Capital había solicitado el 11 de junio un certificado de régimen urbanístico, que determina el aprovechamiento de una finca el día de la solicitud y que, por lo tanto, no estaba sujeto a la moratoria. Según estas fuentes, el certificado fue concedido por silencio administrativo este mes. Los propietarios habían pedido una reunión con los responsables municipales sin éxito hasta esta semana, cuando las mismas fuentes explican que acudieron al Ayuntamiento.

Lo cierto es que el Ayuntamiento de Barcelona revisará las 28 licencias hoteleras que quedaron congeladas por la moratoria de alojamientos turísticos aprobada para elaborar el plan estratégico sectorial. No se dará luz verde a todos los proyectos, pero el Consistorio sí analizará el estado en el que se halla cada uno para valorar cuáles pueden seguir adelante. Así lo acordó la alcaldesa con el presidente del Gremio de Hoteles, Jordi Clos, en la reunión que mantuvieron hace semanas, según varias fuentes empresariales.

La cautela se impone

En otros desarrollos, ya con importantes inversiones realizadas, la cautela se impone. Es el caso de del Edificio España, adquirido por el propio empresario asiático. A diferencia de Canalejas, aquí el Grupo Wanda ya ha desembolsado 265 millones de euros tras comprárselo al Banco Santander, y tiene previsto invertir 100 millones más de cara a construir 300 viviendas, un hotel de 20.000 m2 y un centro comercial de cinco plantas en plena plaza de España de Madrid.

Y en principio, todo parecía encarrilado y lo hubiera seguido estando si Esperanza Aguirre hubiera sido la alcaldesa. Pero ahora, los arquitectos que trabajan en este proyecto para Jianlin entienden que resulta inviable acometer la obra manteniendo en pie la fachada principal y los dos laterales, tal y como está previsto con lo ordenado por la Comisión Local de Patrimonio, por evidentes razones de seguridad.

Además, aseguran que los materiales con los que se hizo el edificio hace 60 años no aseguran su durabilidad a largo plazo, tras comprobar que la mayor parte de los lienzos de fachada, a base de ladrillos y piedra artificial, están muy deteriorados, especialmente por la corrosión que amenaza al revestimiento de la piedra. Y que, por tanto, no queda otra que demoler el inmueble en su totalidad, comprometiéndose a restaurar las tres fachadas en integridad piedra a piedra. En el Ayuntamiento de Madrid, de entrada, no están dispuestos a ceder. En dicha reunión, los representantes municipales de Urbanismo se mostraron contrarios tanto a la rebaja de protección acordada en la pasada legislatura como a su previsto derribo, pero sin ofrecer ninguna decisión alternativa al respecto.

En este sentido, desde MCyP creen que lo primero que deberían hacer para respaldar esta nueva postura es retirar la defensa de la desprotección que el actual consistorio, en un acto heredado, sigue manteniendo en los tribunales frente al recurso interpuesto por Ecologistas en Acción.

La reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y la asociación MCyP también abordó una concesión otorgada a Dragados, la constructora del grupo ACS que preside Florentino Pérez, la relativa a la ordenación del paseo de la Dirección, en Tetuán, donde no han salido las cuentas y que Pérez lleva retrasando ocho años. Ahora, meses antes de las elecciones, Florentino y Ana Botella dejaron preparada una modificación de la concesión, para aumentar a 100.000 m2 el terreno con el que se quedaría Dragados, paralizada con la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía. O no. La resolución de la concesión supondría la consiguiente indemnización para la empresa de Florentino Pérez.

Mientras, Cifuentes quiere cambiar la Ley del Suelo

Más noticias para despistar. Todos los presidentes autonómicos han querido tener su propia regulación urbanística y la nueva presidenta, Cristina Cifuentes, no iba a ser menos. Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio confirmó que se va a cambiar la Ley del Suelo. Los cambios están aún en pañales y, por ahora, tan sólo se apuntan las claves generales de su modificación. «No hay nada cerrado de forma definitiva», aclaran. Una de las claves es el Medio Ambiente.

La presidenta tiene el objetivo de promover la generación de empleo poniendo en valor la riqueza natural de la región, las actividades agrarias, la cultura, el turismo, la gastronomía, la hostelería y los servicios. La prohibición de construir más de tres alturas más ático en los nuevos desarrollos también está sobre la mesa de discusión. Cifuentes concurrió a las elecciones con el denominado Plan de Empleo Verde por el que se comprometió a proteger y ampliar el valor del Parque Nacional del Guadarrama. «Vamos a intensificar el compromiso para conservar el territorio protegido de la zona, mantener el bien forestal, reducir las emisiones contaminantes, privilegiar la negociación integral del agua», aseguraba la presidenta el pasado junio durante su discurso de investidura. «El 50% del territorio madrileño goza de protección medioambiental, lo que constituye un valor del que debemos hacer seña de identidad, preservándolo al tiempo que garantizamos actividades compatibles», dijo Cifuentes en su discurso de investidura.

Durante la campaña electoral el equipo de la candidata puso especial énfasis en retratar a Madrid como un lugar privilegiado, ya que los madrileños tenían la suerte de disfrutar de la alta montaña a tan sólo una hora de su casa. Pero también hay otros aspectos que están sobre la mesa en la futura modificación de la norma. Uno de los que, en 2007, resultaron más polémicos es la regla de las tres alturas que impuso la ex presidenta regional, Esperanza Aguirre, en su última modificación de la Ley del Suelo.

La filosofía es que los nuevos edificios que se construyan en cualquier desarrollo de la región que no tuviera aprobada su planificación urbanística antes de la fecha de aprobación de la reforma se verían limitados en la construcción de pisos, con no más de tres plantas más ático. Aguirre la introdujo en contra del criterio de muchos arquitectos, urbanistas, ecologistas y del sector inmobiliario.

La reforma trajo del brazo numerosos problemas judiciales en relación a la ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos, especialmente en la capital. Un ejemplo es la operación Calderón, en donde el Consistorio planificó la construcción de cientos de pisos en torres en los terrenos que la cervecera Mahou tiene en el paseo Imperial. A la vez, incorporaba los terrenos del Estadio Vicente Calderón a Madrid Río. Si finalmente Cifuentes elimina esta prohibición en la futura modificación de la Ley del Suelo, también conseguirá reactivar las otras dos grandes operaciones inmobiliarias que tiene la capital: Chamartín y Campamento.

En la actualidad, el desarrollo urbanístico de estos ámbitos no resulta rentable económicamente, ya que se tendrían que acoger a la premisa de las tres alturas más ático. En cualquier caso, la nueva regulación sólo ha echado a andar y aún le queda todo el recorrido administrativo y parlamentario antes de su aprobación definitiva.