Inmobiliarias madrileñas reclaman la exención de alquileres para los locales, oficinas y naves cerrados por el coronavirus

La asociación madrileña de empresas inmobiliarias Amadei considera insuficientes las medidas aprobadas por el Gobierno para renegociar y aplazar los alquileres de locales, oficinas y naves industriales y solicita la exención de pago de las rentas de todos los centros de negocio cerrados como consecuencia del estado de alarma decretado por el coronavirus.

Dicha asociación -que recuerda que ya advirtió semanas atrás que se estaba produciendo “un abandono total por el Gobierno de los arrendatarios de locales y oficinas”- opina que las medidas adoptadas ayer por el Ejecutivo “son extemporáneas y, en cualquier caso, insuficientes, por lo que no se ha solventado en absoluto el problema detectado”.

En opinión de Amadei, la problemática del cierre de los negocios no esenciales “se aborda de forma tardía” y denuncia que “si no se pueden utilizar los locales, oficinas y naves por la medida de cierre decretada por el Gobierno, no se entiende por qué hay que abonar las rentas de los mismos, aunque sea de forma fraccionada y aplazada en el tiempo”.

Dicha asociación insta al Gobierno a decretar la exención del pago de las rentas con cargo a fondos públicos para paliar el perjuicio sufrido por los arrendatarios dado que “el incumplimiento de su prestación para con el arrendatario -el goce del local- no le es imputable, sino que es un incumplimiento sobrevenido y no culposo, impuesto por imperativo legal”.

Conflictividad judicial

Además, advierte este colectivo que “en el caso de arrendadores que no sean grandes tenedores, se establece un horizonte evidente de clara conflictividad judicial, dado que no se especifica la obligatoriedad del arrendador de aceptar la propuesta de aplazamiento del pago de la renta ni tampoco se concretan los términos de dicho aplazamiento, ni siquiera cómo deben establecerse las comunicaciones entre las partes”.

Además, hacen notar que en el Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de abril de 2020 “no se instrumenta programa específico de ayudas transitorias de financiación para el caso de que la parte arrendadora no acepte ninguna propuesta de aplazamiento, discriminando claramente a los arrendatarios comerciales de los de vivienda”.

Otro punto débil que esta asociación encuentra en las medidas adoptadas por el Gobierno es que “en los casos en que quede menos de un año de vigencia del contrato, la posibilidad de utilizar la fianza arrendaticia para el pago de estas rentas afectadas por el estado de alarma, deja sin cobertura al arrendador para el caso de que se hayan producido daños en el inmueble a la fecha de su entrega”.

Mientras que “en el resto de casos, no se especifica que la no reposición de la fianza en el plazo de un año, pueda entenderse como incumplimiento contractual y por ende causa de resolución del contrato y desahucio”.

Haciendo notar que “además, esa fianza está depositada obligatoriamente en la Comunidad Autónoma, con lo cual el arrendador se vería obligado a solicitar su devolución con el trámite y dilación que ello conlleva”.

Finalmente, Amadei, estima que no se deberían vincular las medidas de aplazamiento a acreditar, en su caso, haber solicitado el cese de actividad, “toda vez que muchas empresas se han visto obligadas a cerrar sus centros de negocio y se han acogido al régimen de teletrabajo desde casa, con lo cual no han solicitado dicho cese de actividad”.