Asprima denuncia la ‘irracionalidad’ municipal de los impuestos en Madrid

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha denunciado en la presentación del libro ‘La fiscalidad de la promoción inmobiliaria’ la “voracidad” e “irracionalidad” recaudatoria de los ayuntamientos madrileños en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. El autor del trabajo de investigación, auspiciado por Asprima y editado por Tirant lo Blanch, es Pablo Chico de la Cámara, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey D. Juan Carlos I.

Gracias a la actividad promotora inmobiliaria se genera un torrente de impuestos y tasas, que hace que el sector sea una auténtica mina para las administraciones, aunque la sociedad no lo sepa y los medios de comunicación no lo digan. Entre el IBI y demás impuestos y tasas que afectan a los inmuebles de todo tipo, los ayuntamientos recaudan en torno al 25% de sus ingresos, como bien nos señala el autor del estudio”.

Las palabras de Leonardo Sánchez-Heredero, presidente de la comisión fiscal de Asprima, ilustran lo que supone el filón de los impuestos procedentes de este negocio para las administraciones, y en particular los ayuntamientos. El documento pone de manifiesto la importante desigualdad tributaria que existe entre 34 municipios de la Comunidad de Madrid a la hora de aplicar tasas y gravar la actividad del sector promotor.

Como ejemplos recogidos en el libro, en el IAE de los 34 municipios analizados, Navalcarnero es el más caro con el 97,06% del rango máximo, y Torrelodones el más barato con el 22,35%, pasando por Madrid con el 63,23%. En el IBI, Alcobendas tiene el tipo más caro con el 1,1%. Y el más barato lo tiene Leganés con el 0,3590%. En cuanto al ICIO, de los 34 municipios, 28 aplican el tipo máximo. Solo 6 bajan de ese tipo, con Paracuellos a la cola, que aplica el 3%.

En las licencias de obra mayor, la inmensa mayoría de los ayuntamientos toman como base imponible para el cálculo de su tasa, no el coste que le supone el acto de revisión del proyecto y los trámites administrativos para su concesión, sino la misma base que el ICIO a la que, como en el caso de Majadahonda, llegan a aplicar un 3%, el 2,68% en Móstoles, el 2,5% en Alcorcón, el 2,48% en Coslada y el 0,3% en Colmenar Viejo. Es decir, entre Majadahonda y Colmenar hay una proporción de 10 a 1.

Hasta treinta impuestos

“Hacen y deshacen a su antojo”, señaló el tesorero de Asprima, quien agregó que ello genera “situaciones esperpénticas”, algo que dijo conoce como “empresario que lo sufre en primera persona”.

“Aunque los conceptos sean de menos entidad que la licencia, la plusvalía o el ICIO, esta disparidad tributaria en nuestra región es un auténtico despropósito”, concluyó Sánchez-Heredero, quien aseguró que “no hay ni un solo municipio que no haya recibido el maná de la promoción”, al tiempo que lamentó que, pese a la crisis, “los ayuntamientos siguen co-brando tasas e impuestos desmesurados”. Y puso como ejemplo que es “mucho menor” el coste de redactar un proyecto de promoción inmobiliario que lo que cobra el ayuntamiento por revisarlos para aprobarlo.

“A veces, depende del municipio, como se ve al final del libro, soportamos casi 30 figuras impositivas, lo que conlleva otros tantos expedientes y autorizaciones. Una auténtica selva, intervencionista y recaudatoria, que se remata con la angustiosa espera de la licencia de primera ocupación”, sentenció Sánchez-Heredero.

En este sentido, el presidente de Asprima, Juan Antonio Gómez-Pintado, señaló que el 25% de la inversión que hacen los promotores inmobiliarios corresponde a tasas e impuestos, algunos de los cuales “no están justificados”.

Según Gómez-Pintado, es necesario “actuar contra eso” y subrayó en este acto que hay que “llevar al ánimo de las Administraciones que eso no puede ser” y que se ha de trabajar para que las tasas reflejen el “coste real y efectivo” del servicio que supone. Por su parte, Chico de la Cámara abogó por que el Estado intervenga en la fiscalidad local en esta materia para avanzar en una homogeneización de los tributos.

El estudio sobre ‘La Fiscalidad de la Promoción Inmobiliaria’ consta de cinco partes. En las cuatro primeras se analizan los tributos que deben pagar primero los promotores madrileños y ulteriormente el propietario de la vivienda ya construida, diferenciando aquellos derivados del proceso urbanizador, de la promoción de inmuebles, de la transmisión del inmueble edificado y de la titularidad por el uso y disfrute.

En la última parte del libro, Pablo Chico realiza un ránking de los tributos que tienen incidencia en la promoción inmobiliaria en los diferentes municipios de Madrid, realizando un análisis comparativo con simulaciones de casos. Para Pablo Chico este ránking resulta esclarecedor y útil para demostrar el fenómeno de sobreimposición tributaria que existe tan importante sobre este sector, denunciando el ‘gap’ fiscal tan relevante entre las distintas corporaciones locales al producirse una carga tributaria muy diferente entre unos y otros municipios, dependiendo del lugar donde esté localizado el inmueble.

Pablo Chico de la Cámara es catedrático de Derecho Financiero y Tributario desde hace diez años y director del departamento de Derecho Público y Ciencia Política de la URJC. Abogado en ejercicio, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, y árbitro por la Corte de arbitraje. Vocal del Consejo para la defensa del contribuyente (organismo dependiente de la AEAT). Ha sido durante casi diez años presidente del Tribunal Económico-administrativo del Municipio de Móstoles por lo que conoce de primera mano la tributación local inmobiliaria que soportan los contribuyentes.

En la imagen superior, de izda. a drcha.; Leonardo Sánchez-Heredero, presidente de la Comisión Fiscal de Asprima; Pablo Chico de la Cámara, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos I; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima; y José A. Rozas Valdés, profesor acreditado a Cátedra de la Universidad de Barcelona.