El Gobierno pide ayuda a la inversión privada para reorientar al alquiler su Plan de Vivienda
La intención del Gobierno es dar un nuevo rumbo a las políticas de vivienda, abandonando el enfoque hacia las casas de protección oficial para lograr tanto viviendas sin protección, pero asequibles, como un parque público de pisos de alquiler social.
El secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, avanzó recientemente que las medidas del Gobierno sobre vivienda se reformularán y se incluirán bien en el proyecto de ley que preparan o bien en enmiendas a la Ley de Presupuestos para 2019 cuando se tramite.
Y ello, pese a que la reciente derogación del Decreto sobre Vivienda y Alquiler que el Gobierno pretendía impulsar, y su aplicación durante algo más de un mes, que ha generado una disfuncionalidad más del mercado al coexistir contratos firmados al calor del decreto con los antiguos. Un ejemplo que pone de relieve la fragilidad del Ejecutivo y la falta de consenso que existe entre los representantes políticos a la hora de decidir cómo legislar en materia de arrendamientos.
La decisión ha causado reacciones como la del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que pide estabilidad, equilibrio y seguridad jurídica en materia de vivienda y alquiler tras la situación de confusión que se está viviendo en el sector por la derogación del RDL 21/2018 de medidas urgentes en este ámbito. El presidente de la entidad, Diego Galiano, advertía que la situación creada ha generado una gran inseguridad jurídica entre profesionales inmobiliarios y ciudadanos.
El Gobierno ha incrementado la partida para vivienda un 43% hasta 650 millones en el proyecto de ley presupuestaria para 2019, que incluye 140 millones destinados a vivienda social
En una jornada sobre vivienda organizada por la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) en la sede de la CEOE, Saura lamentó ante los empresarios que varias iniciativas para mejorar el mercado inmobiliario residencial hayan dejado de tener efecto legislativo por «los extremos» políticos, «juntos» contra la acción del Gobierno.
Plan 20.000 Viviendas
Para incrementar el parque público el Gobierno ha creado el Plan 20.000, con el que pretende que ese número de viviendas se incorporen como viviendas públicas sociales de alquiler en un plazo de seis años. Se ha incrementado la partida para vivienda un 43% hasta 650 millones de euros en el proyecto de ley presupuestaria para 2019, que incluye 140 millones para ese parque de vivienda social (en colaboración con Sepes) y 70 millones más de lo designado por el Gobierno anterior para el Plan Estatal de Vivienda plurianual en su apartado para 2019.
Solo el 2,5% de las viviendas en España son ahora de alquiler social y el objetivo «a medio plazo» del Gobierno es llegar al 8%. Otro objetivo es reducir del 42% al 29% (media europea) el porcentaje de hogares que destina más del 40 % de su renta familiar mensual a la vivienda.
Por su parte, la secretaria general de Vivienda, Helena Beunza, también presente en la jornada, explicó que la Administración facilitará suelo al sector privado, a través de acuerdos de derecho de superficie o de concesión, con el fin de que sean las empresas las que realicen la promoción de vivienda y la gestionen durante un período de tiempo determinado y en las condiciones que establezca el propio Gobierno.
«El plan no se ejecuta con el Presupuesto en un año ni que el Estado se dedique a hacer la vivienda hasta el final. O ayudará a aquellos que la estén haciendo o bien poner suelo a disposición del sector privado, con el que colaboraremos», ha dicho.
Suelo de SEPES para vivienda protegida
Para poner a disposición este suelo, Beunza ha incidido en el papel que deberá jugar la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), propietaria de «grandes bolsas de suelo», en algunos casos «abandonadas» en territorios como Ibiza, Málaga, Sevilla o Valencia, «zonas altamente saturadas» que la responsable de Vivienda ha llamado a «gestionar de forma eficiente a través del sector público empresarial».
La Administración Pública facilitará suelo al sector privado, a través de acuerdos de derecho de superficie o de concesión, para que las empresas las que realicen la promoción de vivienda
Durante su intervención inicial, Beunza lamentó que esta empresa pública «prácticamente había abandonado la promoción de vivienda, no por falta de suelo», sino por dedicarse a otros ámbitos. Por ello, ha asegurado que una «parte importante» de este suelo se urbanizará a la «máxima celeridad» para poder disponer de él, una vez Fomento concluya su trabajo para analizar el parque de vivienda de alquiler y de suelo disponible.
Carolina Roca, vicepresidenta de Asprima, destacó en su intervención el escaso número de viviendas protegidas (3.350 unidades) que se han puesto en el mercado en 2018 en toda España. “Este mal dato” –explica la vicepresidenta– “contrasta con la efectividad de las políticas de vivienda vigentes desde hace 30 años durante los cuales salieron al mercado una media de 75.000 viviendas protegidas al año, lo que supuso y supone una estabilización social del acceso de la vivienda”.
Para conseguir retomar esta favorable tendencia del pasado “es necesario diseñar una política de vivienda efectiva capaz de ofrecer a la sociedad viviendas con precios o rentas asequibles”.
Carolina Roca además enumeró las cinco claves principales que el sector promotor debe tener presente:
· Poner en carga todo el suelo destinado a vivienda social retenido en manos de las distintas.
· Reducir las cargas burocráticas ligadas a la promoción de viviendas y agilizar las licencias.
· Incrementar el parque de vivienda en alquiler.
· Reducir la fiscalidad sobre la vivienda.
· Establecer un marco jurídico estable para la financiación hipotecaria y el sector urbanístico a través del refuerzo de la seguridad jurídica.
Agilización de licencias
Saura también informó de que, al margen de la futura ley de vivienda, el Gobierno prepara otro proyecto de ley relacionado con la agilización de licencias administrativas para la construcción residencial.
Con esa ley tratarán de evitar «los problemas que se generan en los planes de ordenación urbana» y para su redacción Fomento está en contacto ya con otros ministerios implicados y con arquitectos y otros agentes del sector inmobiliario, así como ha invitado al centenar de miembros de la ACPE a participar.
El presidente de APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, hizo hincapié en la falta de agilidad de los procesos administrativos para las licencias de construcción y ha instado a la digitalización de todo el procedimiento en todos los ayuntamientos, como ha hecho con éxito el de Rivas Vaciamadrid.
