La nueva generación de promotores españoles ha vuelto a denunciar que la inacción de las administraciones públicas en materia de gestión de suelo y tramitación de licencias es, en gran medida, la causante de la paralización de los grandes operaciones urbanísticas de ciudades como Madrid y Barcelona, así como de la consecuente escalada de los precios del suelo finalistas que tanto preocupa al sector por la posterior repercusión que acarrea en el bolsillo, tanto de los productores y comercializadores como de los usuarios de esos inmuebles.
El renovado tejido empresarial entiende que, para encarar de una vez por todas y de forma sostenible y ordenada este nuevo ciclo expansivo de bonanza que los índices económicos pronostican para todos los segmentos inmobiliarios, habría que mejorara sustancialmente la eficiencia de la cadena de proveedores que intervienen en este negocio.
Con una subida media de la vivienda del 3,6% interanual y del 38% de los alquileres desde 2013, según los últimos datos, no parece desmedido pedir a los poderes públicos un comportamiento ejemplar. Se trataría simplemente de que pusieron a disposición de los agentes los miles de metros cuadrados de suelo paralizados, tantos suyos como en manos privadas, para que, lejos de producir la especulación actual, sirvieran para hacer frente al incremento de producción de viviendas, oficinas, centros comerciales y demás equipamientos sociales al ritmo que demanda el mercado.
El simple hecho de que Asprima, la patronal madrileña de los promotores, estudie recurrir de forma inmediata el Plan Director de la Estrategia de Desarrollos del Sureste que aprobó, por sorpresa, el Ayuntamiento de Madrid el pasado 24 de enero y que supone reducir a la mitad, de 105.000 a 53.000, el número de viviendas previstas en los ámbitos que lo conforman, no es una buena noticia. No ya por la reducción de las viviendas, que también, si no porque habrá un retraso de más de diez años en la ejecución de los planes. Lo que se entiende como “un torpedo a la línea de flotación” para facilitar el acceso a la vivienda a los más jóvenes, “expulsándolos de la ciudad”.
Afortunadamente 2018 viene rebosante de buenas nuevas que, como el manto blanco que acaba de caer en los campos, insufla confianza a los profesionales del sector. En el primer semestre del ejercicio está previsto que entre en vigor la nueva Ley Hipotecaria que, entre otras cosas, abarata las comisiones de amortización anticipadas de los préstamos a tipo variable, se prohíben las ventas vinculadas, se facilita la conversión de hipotecas variables a fijas y establece una lista negra de cláusulas abusivas.
Por otro lado, la estabilidad económica, el descenso de la tasa desempleo y las condiciones favorables de financiación volverán a convertir a España en una opción muy atractiva para los inversores. En un país donde proliferaran las salidas a Bolsa. Después de Metrovacesa, vendrán la de Témpore Properties, Haya Real Estate, Testa Residencial, Vía Célere y Aelca, y se producirán movimientos corporativos entre las promotoras no cotizadas.
Y también se anuncia que, mientras Madrid prepara una moratoria a los pisos turísticos, el Gobierno de Manuela Carmena ha acordado la suspensión durante un año del otorgamiento de licencias para todas las modalidades de alojamiento turístico en los barrios del centro, que eliminen los efectos de esta extendida práctica fraudulenta.