Recuperem el seny

Olvídense de una Declaración Unilateral de Independencia, ni diferida, ni implícita, y también de las porras: la solución a los graves problemas que está causando la deriva separatista en Cataluña va a necesitar una buena dosis de sentido común y mucho diálogo entre ambos bloques para rebajar la tensión, el miedo y la fuga de empresas y de capitales por la inseguridad jurídica que ha generado el Govern de Carles Puigdemont.

En este pulso soberanista, si algo no se les puede reprochar a los partidos y entidades separatistas catalanes es que hayan ocultado sus intenciones desde que empezara el procés con Artur Más en 2012. Otra cosa bien distinta es que los políticos españoles hayan sido capaces de visualizar el riesgo y de consensuar una estrategia conjunta, ante la gravedad de los escenarios posibles que se podían derivar de la declaración de la República Independiente de Cataluña.

Si se ha llegado a este despropósito es porque en los dos bandos se han cometido muchos errores. A ello ha podido contribuir el hecho de que mucha gente tanto dentro como fuera de Cataluña nunca se tomó en serio el desafío o lo considerase como un “pasatiempo político”, alegando aquello de “lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, porque la Constitución no lo permite”. Hasta que la situación se ha salido de madre y como dice el historiador Joaquim Coll, ha quedado patente “que estábamos ante una sofisticada técnica postmoderna de golpe de Estado, que se ha servido de las instituciones del autogobierno para extender entre la sociedad catalana una dinámica insurreccional bajo la bandera del derecho a decidir y la democracia”, que hoy parece quebrada, pero no hundida.

Y con estas consideraciones, el Gobierno, que sigue cuidadosamente el marco legal para no dar un paso en falso, ha apelado al artículo 155, para enviar un requerimiento formal a Carles Puigdemont en el que le pide que aclare si hay declaración de independencia en Cataluña, y que vuelva a la ley y al orden constitucional. Según ha subrayado el presidente Mariano Rajoy, es el paso previo a la adopción de las medidas extraordinarias contenidas en el artículo 155 de la Constitución.

A cierre de esta edición, el presidente de la Generalitat no se había pronunciado sobre el requerimiento del Gobierno, que mientras tanto llegaba a un consenso con los líderes del PSOE y Ciudadanos para encarar una reforma constitucional, que podría incluir una revisión del modelo territorial español. Y ésta parece que va a ser la línea de escape a la que se va a poder agarrar el sector más moderado de la coalición independista, para retrasar esa declaración de independencia que buscan desesperadamente la CUP y el sector más extremo de Esquerra Republicana.

El Gobierno de España ha insistido en que se puede hablar de todo lo que la Constitución permite hablar. Es decir, sobre servicios públicos, financiación, perfeccionamiento de autogobierno o para mejorar el marco de convivencia, incluso plantear la reforma de la Carta Magna. Eso sí, solo mediante las reglas de juego ya establecidas. Como recordaba Rajoy en esa comparecencia extraordinaria en el Congreso “no hay diálogo posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad”. Y este hecho tiene que quedar muy claro, si Cataluña pretende que vuelva la treintena de empresas que ha decidido dejar de pagar impuestos a un gobierno autonómico que actúa desde la ilegalidad, y que ha empezado por llevarse la sede social. Por no hablar del parón turístico o el desvío de inversiones a otros mercados que fondos y gestoras están llevando a cabo.

Independizarse hoy en día es una mala inversión. Cataluña tiene muchas cosas que ganar si sigue formando parte de España. Entre otras muchas, y por la parte que nos toca, seguir consolidando la intensa actividad inmobiliaria que tiene lugar en todos sus rincones, con recursos humanos y financieros locales. “Saldremos adelante porque creemos en nuestro país”, dijo el Rey días atrás. ¡Ojalá los catalanes piensen en ello cuando vuelvan a decidir en las urnas su futuro!