La celebración de SIMA en los primeros días de mayo en Madrid va a ser una buena ocasión para testar si el inmobiliario español sigue manteniendo el interés del inversor internacional y del consumidor doméstico que pronostican las encuestas, pese a que habrá que volver de nuevo a las urnas por la incapacidad de los partidos políticos para formar Gobierno.
Los datos recopilados por diversas fuentes aseguran que el primer trimestre del año no parece haber enfriado la recuperación del sector; más bien lo contrario, ya que ha sido el segundo mejor comienzo de ejercicio en términos de inversión desde el comienzo de la crisis, tan solo superado por 2015, en el que la actividad fue excepcionalmente alta. Además, también se han formalizado más hipotecas, se ha incrementado el número de viviendas vendidas y se ha reactivado la actividad promotora de obra nueva. Como consecuencia de que no ha decaído sustancialmente el dinamismo de la economía, hay una progresiva dinamización del crédito y se está recuperando el mercado laboral.
Hechos que, tomados con la debida cautela, no ocultan que a corto plazo la incertidumbre política, la fuerte competencia, el ligero incremento de los inmuebles y la escasez de producto de calidad fundamentalmente en las dos grandes ciudades del país, pesan como una losa en el ánimo de los directivos inmobiliarios, conscientes de que la batalla por la consolidación del sector apenas ha comenzado.
Y la batalla no acaba sino que empezar, porque ante la fragilidad económica global e institucional española, la rehabilitación y la regeneración urbana de ciudades tan emblemáticas como Madrid o Barcelona se han convertido en la patata caliente del sector inmobiliario. Y ya son numerosas las voces que han alzado su voz para gritar a los cuatro vientos los déficits del urbanismo madrileño, al que tachan de politizado y judicializado y de no tener una visión estratégica a largo plazo. También se quejan de la complejidad normativa y, sobre todo, de la falta de estimación de plazos, algo imprescindible para que el sector privado invierta a gran escala, pero la complejidad es tal que, salvo la gestora Domo, nadie se atreve hasta ahora a dar el primer paso.
Bueno, esto no es del todo cierto. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, acaba de salvar “in extremis” la inversión de Wanda en el edificio España y la ministra Ana Pastor ha abogado porque impere el acuerdo entre administraciones para que se salga adelante el proyecto Distrito Castellana Norte. Algo es algo. Ello no es óbice, sin embargo, para que la indefinición e ineficiencia de los actuales mandatarios en la gestión de los grandes proyectos inmobiliarios, colapse la creación de un modelo de ciudad a 15 o 30 años vista y, lo más peligroso, genere un incremento del suelo y de las viviendas, además de una lucha encarnizada entre los inversores por los escasos productos prime de oficinas, retail y hoteles, que merman la rentabilidad.
Parece más lógico descargar la ira en los falsos patriotas de las “offshores” y los corruptos, y dejar de demonizar a los promotores, que sólo buscan un margen comercial razonable al riesgo que corren.