El bloqueo político que vive el país no se puede prolongar por mucho más tiempo. No se lo pueden permitir ni España ni los españoles. Es cierto, que durante los nueves meses en los que la gobernanza ha estado en manos de un Gobierno en funciones, no se han resentido en demasía ni la economía ni los mercados, pero los problemas se acumulan sin solución de continuidad.
En el concierto internacional, además del Brexit y la posible subida de los tipos de la FED americana, España debe explicar a la Unión Europea cómo va a cumplir con su obligación de reducir su importante déficit, para un país cuya deuda supera su PIB anual. Y en el plano sectorial, la buena racha que vive el sector inmobiliario necesita del concurso de un Ejecutivo que genere la confianza necesaria para captar inversiones que fortalezcan esa coyuntura.
Llegó el tiempo de sacudirse la pereza y ponerse el mono de trabajo tras un verano pródigo en noticias de todos signos y colores. El sector inmobiliario tiene por delante un intenso y apasionante calendario que da comienzo en breve con el XV Congreso de la Asociación Española de Centros Comerciales y Parques Comerciales (AECC) en Alicante. El foro servirá para debatir cómo la revolución digital impulsa un futuro de retos y oportunidades para un sector en expansión como el retail.
Le seguirá el Congreso Nacional de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) que se celebra el 5 y el 6 de octubre en Madrid. A mediados y finales de octubre vendrán las dos ferias inmobiliarias de Madrid (SIMA Otoño) y Barcelona (BMP), para finalizar con el MAPIC de Cannes, del 16 al 18 de noviembre.
Una atractiva puesta de largo que choca, sin embargo, con la realidad cotidiana del profesional inmobiliario, donde la inseguridad jurídica se ha convertido en moneda de cambio un día sí y otro también, como expresión de un urbanismo que no fluye. Nos podemos referir, por ejemplo, al proceso judicial que pesa sobre el proyecto de reparcelación económica del ámbito urbanístico de Valdebebas y de los demás desarrollos urbanísticos de la capital, que afectan al mundo promotor y a las viviendas de miles de personas.
Como tampoco es de recibo la disparidad de criterios que siguen veinticuatro ayuntamientos madrileños a la hora de aplicar las treinta figuras impositivas que soporta la promoción inmobiliaria, como denuncia el libro La Fiscalidad de la promoción inmobiliaria que, auspiciado por Asprima, ha publicado el catedrático de derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos I, Pablo Chico de la Cámara.
Claro que también tenemos ejemplos de todo lo contrario. En las páginas de apertura de la revista podrán leer un extenso reportaje, en el que se detallan los planes de negocio que están desarrollando los fondos norteamericanos en todos los sectores estratégicos españoles. “Donde unos ven dificultades, nosotros vemos oportunidades”, que dirían algunos.