Diez años después, vuelven las grúas

Julio Irazábal, editor de El Inmobiliario mes a mes
Julio Irazábal, editor de El Inmobiliario mes a mes

La buena marcha de la economía y los bajos costes de financiación continuarán estimulando el avance de la promoción y venta de nuevos productos inmobiliarios de primera necesidad en España durante el curso que acabamos de iniciar. Por más que nos abochorne la fragmentación social que se está produciendo en Cataluña, y preocupen las desastrosas consecuencias económicas que se derivarían de una hipotética declaración de independencia por parte de una población sustancial del país.

De momento, no parece que el proceso separatista esté influyendo en los mercados y en las inversiones, pero si los políticos no encuentran pronto una solución política dialogada, más nos conviene tener presente los serios perjuicios que podrían provocar una salida del euro y el aislamiento internacional que sufrirían los catalanes, sean o no constitucionalistas, tal y como están las cosas.

Al margen de los peligros de cohesión nacional que con cierta periodicidad se reproducen en nuestra historia por parte de nacionalismos decimonónicos, el problema número uno del Reino de España sigue siendo la debilidad del mercado laboral. Demasiada precariedad, bajos salarios y excesiva fuga de talentos. Un cóctel difícilmente comprensible para un país que, por su clima, patrimonio cultural y estilo de vida, encabeza las preferencias de los turistas de medio mundo y de los avezados inversores inmobiliarios.

Desde tiempos inmemoriales es irrefutable que si no se mejoran las condiciones de vida, el mundo está abocado a vivir en economías inestables, con sociedades conflictivas y políticas convulsas, pero no terminamos de asimilar la lección. Esta es una tierra, a decir de algunos, abonada para dirigentes populistas y autoritarios, que explican las bravatas de Donald Trump en Estados Unidos, Nicolás Maduro en Venezuela o Kim Jong-un en Corea del Norte, y en España no iba ser menos.

Afortunadamente el renovado sector inmobiliario español ha incorporado a su ADN los riesgos políticos que conlleva su actividad y, por ello, camina con paso firme y decidido hacia la consolidación de un ciclo expansivo que se prolongue varios años. Nos despedíamos anunciando que los promotores puros habían salido a la escena, y a la vuelta al tajo comprobamos que las grúas aún no se han ido. Hasta 244 se contabilizan ya en Madrid, según la consultora CBRE.

Las mejores perspectivas del mercado de la vivienda en las grandes ciudades, así como una mayor confianza de los consumidores, unido a unos menores tipos de interés y el ascenso de las operaciones de reestructuración de la deuda, han contribuido al aumento de las solicitudes de crédito, aseguran desde el BBVA. Nada que ver con el panorama oscuro que vivimos hace ahora diez años con el colapso de las hipotecas basuras y su posterior estallido, que secó los mercados y hundió las Bolsas.

Para los que no han querido durante unos días leer la prensa, sepan que durante el verano se ha cerrado la mayor operación del mercado mayorista inmobiliario español hasta la fecha. El Banco Santander ha vendido al fondo Blackstone, uno de los mayores actores de capital riesgo mundial, el 51% de la cartera de activos dudosos o de difícil colocación del Banco Popular.

Una transacción que supondrá la creación de un gigante cuya gestión estará en manos de Blackstone, que a cambio inyectará 5.100 millones a Banco Popular y, de manera indirecta, a Banco Santander. Saludemos pues al nuevo rey inmobiliario. Aunque, qué casualidad, esa operación se hizo pública unas horas después de que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea autorizara la compra del Popular por parte del Santander.