La seguridad jurídica del impuesto de hipotecas en el aire, o cómo poner en peligro las reglas del juego
Al cierre de esta edición, un Tribunal Supremo dividido seguía reunido para dirimir quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, una decisión que quedó sin solución el 19 de octubre. Ese día, el presidente de esta Sala, Luis Díez-Picazo, optó por someter a revisión el criterio establecido un día antes de que fuera el banco, y no el cliente, el que lo abonara.
La decisión del Tribunal Supremo de someter su sentencia a revisión ha abierto una brecha en la seguridad jurídica del impuesto de las hipotecas
En cualquier caso, el hecho de que los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo hayan dado un paso atrás ha abierto una brecha en la seguridad jurídica del impuesto de las hipotecas, y de paso, en la confianza en que el sistema jurídico de nuestro país distaba de las repúblicas bananeras.
La cuestión es muy clara: confirmar el criterio recién establecido de que el impuesto de actos jurídicos documentados debe abonarlo el banco porque es el principal beneficiario de la escritura del préstamo ante notario o revocar esa decisión y volver a la jurisprudencia anterior que fijaba que el tributo es responsabilidad del cliente.
Si optan por mantener que pague el banco, los magistrados tendrán que resolver si se aplica para los préstamos que se firmen a partir de ahora o si tiene efectos retroactivos y hasta dónde llegan estos. Y esta es la clave, porque proclamar la retroactividad es abrir la caja de Pandora de la reclamaciones, las devoluciones… Con Hacienda de por medio. Lo único seguro es que no hay unanimidad en la decisión.
La deliberación se produce sobre tres recursos similares a los que llevaron a la sentencia del pasado 18 de octubre que fijó que el impuesto debía pagarlo el banco y a otras dos sentencias posteriores en el mismo sentido. Las partes en conflicto vuelven a ser la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid, que había presentado varios recursos; el Estado y la Comunidad de Madrid.
Más información: El Tribunal Supremo revoca su propia doctrina y decide que el impuesto de las hipotecas debe pagarlo el cliente
Lo que el Supremo no arregló vía sentencia, o revisión de su doctrina jurisprudencial, lo hizo el gobierno a golpe de decreto. Al fina el consumidor no paga el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, por lo menos no lo paga directamente a la hacienda pública, pero, seguramente, aumentarán los tipos de interés, o se endurecerá el acceso al crédito, o se pedirán más garantías, o seguros de prima única. Saludos.-