El Tribunal Supremo revoca su propia doctrina y decide que el impuesto de las hipotecas debe pagarlo el cliente
El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás y ha decidido que el impuesto de las hipotecas tiene que pagarlo el cliente. Los hipotecados tendrán que seguir pagando el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, con lo que da un paso atrás en la reciente doctrina, dictada tres semanas antes, que imponía a la banca el pago de este gravamen.
La decisión la tomó el pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo tras dos días de intenso debate y por solo dos votos de diferencia: 15 magistrados a favor de que pague el cliente y 13 de que se mantuviera el criterio fijado el 16 de octubre y que cambiaba la jurisprudencia que había mantenido hasta ahora el alto tribunal. El presidente de la sala, Luis Díez-Picazo, inclinó con su voto la balanza a favor de esta tesis. Es la primera vez que el Supremo revoca su propia doctrina tres semanas después de establecerla.
Los hipotecados tendrán que seguir pagando el impuesto de Actos Jurídicos Documentados vinculado a la firma de una hipoteca
El resultado de este pleno ha sorprendido a todos, ya que en un principio se iba a ratificar que el impuesto debía pagarlo el banco y decidir si había o no posibilidad de retroactividad, para evitar una previsible avalancha de recursos de clientes con hipotecas ya firmadas.
El cambio de criterio producido tres semanas antes sobre la jurisprudencia vigente durante más de 20 años había sido uno de los principales argumentos esgrimidos por el sector partidario de volver a la antigua doctrina.
Con esta decisión, quedan desestimados tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.
Las sentencias que se conocieron a mediados de este mes también por recursos del Ayuntamiento de Rivas y que supusieron un giro en la doctrina son firmes, por lo que se dará la curiosa circunstancia que en una misma localidad los vecinos que se hipotecaron en unas promociones inmobiliarias pagaran el impuesto y otros podrán reclamar su devolución.
El alboroto mediático y social que causó la decisión de Díez-Picazo de revisar esa sentencia no sólo cuestionó la seguridad jurídica en este ámbito, sino que obligó incluso al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a comparecer ante los medios de comunicación para pedir perdón por la gestión del asunto dada la importancia y las repercusiones sociales y económicas de la decisión. También negó que hubiera recibido presiones del sector bancario para forzar este pleno.
Nada más conocerse la decisión del Supremo, las primeras reacciones de partidos políticos y asociaciones de consumidores han criticado duramente el paso atrás del alto tribunal. Por su parte, las patronales de bancos y cooperativas han aplaudido la decisión del Supremo, al considerar que esta “preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado”.
No sé si a alguien más le parece raro todo esto que ha sucedido con el tema del impuesto y de los gastos de formalización de hipoteca. Cierto es que la ley no estaba nada clara, que un reglamento contradecía a una ley y que no tiene mucho sentido gravar a quien pide dinero a crédito. Más allá de todo lo anterior creo que este tema, podría haberse resuelto de una manera más elegante.